Esta crisis está causando dificultades a muchos empleadores que participan en el Plan de Beneficios de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.). Esto es válido en particular en el caso de las iglesias.
“Las iglesias se encuentran en una situación especialmente difícil, al implementarse límites al tamaño de las reuniones y la necesidad del distanciamiento físico”, señaló el Reverendo Frank Clark Spencer, Presidente de la Junta de Pensiones. “La práctica de la Junta durante crisis como esta ha sido ofrecer apoyo financiero a las iglesias y empleadores”. En el período posterior al huracán Katrina, por ejemplo, la Junta concedió un alivio en el pago de cuotas a las iglesias sin santuarios o los miembros de la congregación desplazados.
“Proporcionar este tipo de alivio por un período extendido de tiempo a toda la denominación no es factible debido a la obligación de la Junta de mantener plan de beneficios sostenible”, añadió el presidente Spencer. “Pero esperamos que, con el apoyo de las congregaciones y empleadores a sus ministros y empleados de la mejor manera que pueden, juntos podemos ayudar a nuestra comunidad de fe superar el COVID-19”.
Enseguida se incluyen los detalles del apoyo que está ofreciendo la Junta. Como mucho aún no está claro, estos pasos se revisarán cada 30 días.
En el caso de aquellas iglesias cuyas congregaciones no sean mayores de 300 personas, con un solo pastor inscrito en Participación del Pastor y que se autoidentifiquen que tienen una necesidad extrema, se concederá el alivio en el pago de cuotas tomando en cuenta cada caso concreto en consulta con el presbiterio/sínodo. Se exonerará el pago de un máximo de tres meses de cuotas en Participación del Pastor, sin ningún cambio en los beneficios.
Si estas iglesias también están cubriendo otros empleados por medio del plan, la Junta podría aplazar los pagos que deba la iglesia hasta un máximo de dos meses. Los beneficios no resultarían afectados y no se cobraría ningún interés. Al final del período de aplazamiento, el saldo pendiente se cubriría en pagos a plazos mensuales junto con el pago normal.
Las iglesias participantes en el Plan de Beneficios, que no satisfagan los requisitos anteriores podrían recibir un aplazamiento de un máximo de dos meses en los pagos para la cobertura de ministros y empleados. Las decisiones del aplazamiento se harán en función de cada caso. No habrá ningún cambio en los beneficios ni se cobrará ningún interés por el aplazamiento. Al final del período de aplazamiento, el saldo pendiente se cubrirá en pagos a plazos mensuales junto con el pago normal.
Es posible que otros empleadores de la iglesia (incluidos presbiterios, sínodos y agencias) también tengan dificultades durante esta crisis. Las organizaciones afiliadas de la IP (E.U.A.), un grupo diverso de empleadores con diversas necesidades y recursos financieros, es posible que también tengan dificultades.
Los empleadores en este grupo que se autoidentifiquen que tienen una necesidad extrema podrían diferir los pagos para la cobertura del plan de los empleados hasta por un máximo de dos meses. Los aplazamientos se decidirán en función de cada caso. Los beneficios no resultarán afectados y no se cobrará interés. Al final del período de aplazamiento, el saldo pendiente se cubrirá en pagos a plazos mensuales junto con el pago normal.
“Nuestras iglesias y empleadores están diseminados por todo el país y el tiempo que le lleve al COVID-19 seguir su curso varía por región”, comentó el presidente Spencer. “Estamos monitoreando la situación todos los días para asegurarnos que estamos haciendo todo lo que podemos”.
